Una dirigente denunció a la policía por fotografiar su casa

Ludmila Fernández afirmó que efectivos policiales fotografiaron la fachada de su casa sin darle explicaciones. La denuncia fue presentada en Fiscalía, según explicó, quedó a cargo del fiscal especializado en violencia institucional.

Fernández, militante de Patria Grande, el movimiento que encabeza Juan Grabois, denunció haber sido víctima de hostigamiento e intimidación policial en su domicilio, luego de que un patrullero se presentara frente a su vivienda y uno de sus ocupantes tomara fotografías de la fachada. En diálogo con el programa “Con todo al Aire”, la dirigente sostuvo que los efectivos no pudieron justificar el procedimiento cuando ella y su madre les preguntaron qué estaban haciendo.

 

Al respecto, Fernández manifestó que «lo importante que tiene que quedar de esto es la necesidad de denunciar, de visibilizar estas situaciones para no normalizarlas y que se nos hagan costumbre en nuestra ciudad», al referirse al episodio.

La entrevistada precisó que la denuncia fue radicada el viernes, el mismo día en que ocurrió el hecho, y que, según la información que tenía, el fiscal Zabaleta, encargado de los casos de violencia institucional, había tomado intervención en la causa durante la jornada anterior.

 

Cómo habría ocurrido el episodio frente a su domicilio

 

Fernández relató que el viernes por la mañana se encontraba desayunando en el comedor de su casa cuando advirtió la presencia de un patrullero frente a la vivienda. Según explicó, la situación le llamó la atención por las características del barrio en el que vive, compuesto por un conjunto de diez casas del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), en una calle sin salida.

 

«Los estuve viendo desde que entraron porque me llamaron la atención», recordó. La dirigente explicó que, desde el interior de su casa, pudo observar los movimientos de los ocupantes del vehículo, aunque consideró que las condiciones de iluminación dificultaban que ellos pudieran verla desde el exterior.

De acuerdo con su testimonio, los ocupantes del patrullero comenzaron a tomar fotografías de la fachada de su domicilio. Ante esa situación, salió junto con su madre, quien vive en la casa ubicada al frente, y ambas les preguntaron a los efectivos cuál era el motivo del procedimiento y si contaban con alguna orden judicial que lo justificara.

 

La denuncia y la identificación de los efectivos

 

Fernández afirmó que los policías no les brindaron explicaciones sobre el motivo de las fotografías. «No supieron responder, dijeron que no era nada», manifestó, al recordar el intercambio que mantuvieron frente a la vivienda.

 

La dirigente indicó que pudieron identificar al conductor del patrullero, quien habría sido el encargado de tomar las imágenes, pero no a las otras dos mujeres que viajaban en el vehículo, ya que, según señaló, no llevaban identificación visible. Por ese motivo, explicó que la presentación judicial incluyó el nombre del conductor y el número de patente del móvil policial.

 

Asimismo, relató que les solicitaron a los efectivos que eliminaran las fotografías delante de ellas y que el conductor borró una de las imágenes. «Al eliminar esa fotografía no solo confirmó lo que estaba haciendo, sino que yo pude ver qué era lo que estaba sacando y efectivamente estaba fotografiando la fachada de mi casa», sostuvo. Fernández aclaró que desconoce si esa era la única imagen que se había tomado.

 

El avance de la causa y la falta de respuestas institucionales

 

Consultada sobre las actuaciones judiciales, Fernández señaló que presentó la denuncia bajo las figuras de hostigamiento, seguimiento e intimidación policial, aunque aclaró que será la Fiscalía la que determine la carátula correspondiente a la investigación.

 

La entrevistada también afirmó que, hasta el momento, no había recibido comunicaciones de autoridades policiales ni de otros funcionarios para esclarecer lo sucedido. «A nivel institucional, no se ha comunicado nadie para esclarecer los hechos, así que supongo que vamos a depender de cómo avance la causa judicial y su investigación», expresó.

 

En ese contexto, Fernández mencionó las responsabilidades institucionales y políticas que, a su entender, corresponden a las autoridades provinciales y municipales. Puntualmente, hizo referencia al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y al intendente de Concordia, al considerar que ambos deben responder por lo que sucede en el ámbito de sus respectivas competencias.

 

Su interpretación sobre el procedimiento policial

 

Durante la entrevista, Fernández manifestó que el episodio le generó una sensación de impotencia por la falta de explicaciones de los efectivos. «La impunidad con la que tres uniformados se paran frente a una vivienda, un domicilio particular, y hacen lo que se les ocurre, es increíble. Y la falta de respuestas es peor», afirmó.

 

La dirigente vinculó lo ocurrido con otras situaciones que, según describió, se produjeron recientemente en Concordia y que involucraron a trabajadores organizados, jubilados y personas que participan de manifestaciones sociales. Entre los ejemplos que mencionó, hizo referencia a un procedimiento policial contra trabajadores que reclamaban por el uso de caballos como fuente laboral y a la detención de dos jubilados y un fotógrafo durante una protesta.

 

Fernández sostuvo que estos episodios forman parte de un escenario que considera preocupante para quienes participan de actividades políticas y sociales. No obstante, sus apreciaciones sobre los motivos de los procedimientos y su posible vinculación con la militancia corresponden a su interpretación de los hechos y no a conclusiones establecidas en la investigación judicial.

 

El reclamo para visibilizar situaciones de violencia institucional

 

Al profundizar sobre el episodio frente a su vivienda, Fernández consideró que la presencia policial tuvo una finalidad de amedrentamiento. «Yo creo que la presencia de un patrullero en la puerta de tu casa corresponde a otros intereses que tienen que ver con el amedrentamiento, que tienen que ver con transmitir un mensaje de disciplinamiento a quienes estamos quizás protagonizando, impulsando, como parte siempre de procesos colectivos, una resistencia y una oposición a la realidad que estamos viviendo», manifestó.

 

La dirigente también relacionó su preocupación con las dificultades sociales y económicas que, según describió, atraviesan distintos sectores de la ciudad. En ese sentido, mencionó los problemas de acceso a alimentos y vivienda, además de las dificultades que enfrentan algunas familias para reparar sus hogares después de los temporales.

 

Finalmente, Fernández remarcó que decidió hacer pública la denuncia para evitar que situaciones de estas características se naturalicen. «Denunciarlo, exponerlo, visibilizarlo, es importantísimo y darnos las discusiones que tenemos que darnos», afirmó. Y concluyó: «¿Para qué están las fuerzas de seguridad en una provincia si no es para garantizar el bienestar y la seguridad de sus habitantes? Eso no puede suceder. Hay que denunciarlo y tiene que parar».