El gobierno precisó que sucederá con los proveedores investigados mientras siga la causa judicial de Comedores

El director de Comedores de Entre Ríos, Lautaro Azzalini, confirmó que continúa vigente la medida preventiva sobre los proveedores vinculados con las presuntas irregularidades detectadas en Concordia.

La investigación administrativa por las presuntas irregularidades en el funcionamiento de los comedores escolares de Concordia concluyó y el expediente fue elevado al Consejo General de Educación (CGE) para que evalúe los pasos a seguir respecto de la exfuncionaria involucrada.

 

En diálogo con el programa “Con todo al Aire”, el director de Comedores de Entre Ríos, Lautaro Azzalini, explicó que «nosotros, ante la sospecha, hicimos lo que correspondía. Fuimos, por un lado, a la Justicia, en una causa que tiene la fiscal Daniela Montangie, y, por otro lado, iniciamos un proceso administrativo dentro del Estado a través de Fiscalía».

Azzalini precisó que el procedimiento administrativo culminó hace pocos días con un dictamen elaborado a partir de un expediente de más de 5.000 fojas. Según indicó, Fiscalía encontró elementos que señalarían un grado de responsabilidad de la exfuncionaria y remitió las actuaciones al CGE, organismo en el que ella continúa desempeñándose como docente, para que analice la apertura de un sumario que podría derivar en su desvinculación del Estado.

 

Las presuntas irregularidades detectadas

 

Al explicar el contenido central del expediente, Azzalini sostuvo que «lo que queda demostrado es cómo se direccionaban las compras a determinados proveedores y cómo, a través de ese direccionamiento, habría un posible retorno de parte del dinero que tenía que ir a los chicos».

 

El funcionario agregó que la investigación buscó determinar de qué manera se habrían utilizado las atribuciones del cargo. «Cómo se utilizó la función, el poder que tiene un funcionario para vincular o desviar compras a determinados proveedores que después tenían algún tipo de retorno de las compras realizadas», expresó al describir uno de los ejes de las actuaciones administrativas.

En ese sentido, Azzalini relacionó los resultados del procedimiento con la investigación penal que lleva adelante la fiscal Daniela Montangie. Según manifestó, la Fiscalía Penal también habría encontrado elementos vinculados con esas maniobras y, de acuerdo con su conocimiento, durante mayo se habría avanzado con imputaciones a determinadas personas. No obstante, aclaró que se trata de una investigación judicial diferente de la administrativa que acaba de concluir.

Un expediente de más de 5.000 fojas

 

Azzalini detalló que el procedimiento demandó una revisión extensa de documentación, declaraciones testimoniales y registros vinculados con las prestaciones de los comedores escolares. «Hay más de 5.000 fojas donde se tomó declaración, donde se pidió un montón de documentación», precisó al describir la magnitud del expediente.

 

Entre los elementos analizados, enumeró facturas, remitos y cuadernos de menús, que fueron contrastados para determinar si las compras declaradas se correspondían con los servicios efectivamente prestados. Según explicó, durante la investigación también se recibieron testimonios de empleados de comedores que aportaron información sobre el funcionamiento de la coordinación local y el movimiento de proveedores.

 

El director de Comedores sostuvo que, en algunos casos, se encontraron documentaciones que, a simple vista, presentaban características presuntamente apócrifas o rendiciones que no podían ser corroboradas con la prestación correspondiente. «Fue un trabajo muy tedioso, muy largo», describió, y agregó que el análisis involucró a casi todos los empleados de la coordinación de Concordia, además de su propia declaración.

 

La situación de los proveedores investigados

 

Consultado sobre qué ocurrió con los proveedores que aparecen vinculados con las presuntas irregularidades, Azzalini indicó que fueron suspendidos preventivamente cuando comenzó el procedimiento administrativo. Según explicó, la decisión se tomó para evitar que continuaran operando mientras se analizaban los hechos y se reunían los elementos necesarios para avanzar con la investigación.

 

«Lo que procedimos a hacer fue, de manera preventiva, suspenderlos como proveedores hasta que haya una resolución judicial», señaló el funcionario. En ese marco, aclaró que la medida respondió a la necesidad de evitar posibles complicaciones durante el proceso de revisión de facturas, remitos y demás documentación relacionada con las compras.

 

Azzalini confirmó que la suspensión preventiva continúa vigente y que, hasta el momento, no había sido levantada. También explicó que la revisión documental requirió el trabajo de tres o cuatro personas durante jornadas de aproximadamente ocho horas, en las que analizaron los comprobantes de manera individual, por lo que consideraron necesario impedir que la operatoria continuara mientras se desarrollaban las actuaciones.

 

Nuevas denuncias en otras localidades

 

Durante la entrevista, el titular de la Dirección de Comedores también se refirió a otras situaciones detectadas en establecimientos educativos de Entre Ríos. En ese sentido, informó que la semana anterior habían presentado una denuncia penal en Diamante, mientras que meses atrás habían hecho otra presentación en Villaguay por presuntas irregularidades en la prestación del servicio alimentario.

 

Sobre el caso de Villaguay, Azzalini explicó que detectaron una escuela nocturna que habría permanecido tres meses sin recibir el servicio, pese a que se registraban consumos asociados a una tarjeta que, según indicó, era utilizada por un docente que se encontraba de licencia. El funcionario señaló que la situación dio lugar a una denuncia penal y que la investigación avanzaba con citaciones a declarar a distintos agentes de esa localidad.

 

Además, advirtió sobre las dificultades para supervisar el sistema en toda la provincia. «Hay más de mil escuelas con más de una tarjeta, es muy complejo realmente poder estar encima del tema», afirmó. En ese sentido, aclaró que la detección de estos casos no implica que exista un desvío generalizado, pero sostuvo que el mecanismo presenta vulnerabilidades que dificultan el control y obligan a realizar revisiones constantes.

 

El control de las compras y las rendiciones

 

Azzalini también mencionó situaciones que, según explicó, despertaron alertas durante las tareas de supervisión, como registros de compras de grandes cantidades de alimentos que requieren una verificación específica. A modo de ejemplo, indicó que encontraron establecimientos que habían facturado media tonelada de leche en un mes, un volumen que consideró necesario analizar en relación con la cantidad de estudiantes y las raciones previstas.

 

«Es muy difícil continuar con un sistema en el que siempre uno está corriendo atrás. Nunca logramos ponernos adelante», expresó al referirse a las limitaciones operativas para controlar las compras y las prestaciones en cada escuela.

 

Finalmente, al ser consultado por la situación judicial de la exfuncionaria vinculada con la causa de Concordia, Azzalini manifestó que, según su conocimiento, habría sido imputada por peculado y malversación de fondos, aunque aclaró que no contaba con precisión sobre todas las figuras legales atribuidas.