Propietarios de Pampa Soler analizan exigir judicialmente que la provincia concrete la expropiación

El abogado de los titulares de los terrenos ocupados aseguró que el Estado provincial incumplió los compromisos asumidos para regularizar la situación y adelantó que podrían impulsar una acción de expropiación inversa.

La situación de los terrenos ubicados en la zona de Pampa Soler continúa sin una resolución definitiva, pese a las distintas intervenciones estatales que se produjeron en los últimos años para evitar el desalojo de las familias asentadas en el lugar.

 

El conflicto había alcanzado una importante exposición pública cuando una orden de desalojo amenazaba con dejar sin vivienda a numerosos vecinos. En aquel momento, la intervención del municipio y del Gobierno de Entre Ríos permitió frenar la medida, mientras se avanzaba en alternativas para regularizar la ocupación de los predios.

En ese contexto, el abogado Oscar Bacigalupe, representante legal de los propietarios de las tierras, dialogó con el programa “Con todo al Aire” y cuestionó el accionar estatal y afirmó que las medidas adoptadas hasta el momento no resolvieron el conflicto.

Cuestionamientos a la expropiación

 

Respecto de la ley de expropiación sancionada por la Provincia, Bacigalupe sostuvo que se dictó “una ley que no tiene prevista partida presupuestaria, es decir, que es una ley sin fundamentos, sin base lógica”. Además, afirmó que la norma fue aprobada «con la simple finalidad de frenar el desalojo» y explicó que se había encomendado a la Municipalidad de Concordia la tarea de negociar con los propietarios para alcanzar un acuerdo económico.

Sobre ese punto, Bacigalupe aseguró que el municipio no avanzó en ninguna propuesta. Según sus palabras, «se la intimó a la municipalidad para que exprese qué es lo que iba a hacer y directamente no contestó nada».

 

El abogado también recordó que durante una audiencia de conciliación la Fiscalía de Estado asumió compromisos vinculados a la expropiación. Al respecto, indicó que el organismo «se comprometió en un acta que quedó en el juzgado a dictar la ley de expropiación y expropiar los terrenos que ya están ocupados».

 

La postura de los propietarios

 

Durante la entrevista, Bacigalupe remarcó que los propietarios nunca buscaron confrontar con las familias asentadas en el lugar. En ese sentido, destacó la actitud de los vecinos y expresó que «jamás se atribuyeron el derecho de propiedad a los inmuebles, siempre pidieron pagar». Asimismo, agregó que los ocupantes «siempre le pidieron a la municipalidad que organice ese cobro, que organice ese pago, que se arregle, porque quieren regularizar la situación».

 

Según explicó, los dueños de los terrenos consideran que la organización de un eventual proceso de regularización corresponde exclusivamente al Estado. «Como particulares no nos podemos hacer cargo de una financiación ni nada por el estilo, con tantas personas y de tan difícil organización», manifestó.

 

También cuestionó la falta de avances concretos por parte de las autoridades y sostuvo que «esta es la segunda o tercera vez que el Estado saca leyes de expropiación que no las cumple».

Posible avance judicial

 

Frente a este escenario, Bacigalupe adelantó que la estrategia judicial que evalúan los propietarios consiste en promover una acción de expropiación inversa. Al explicar esa alternativa, señaló que «cuando el Estado declara de utilidad pública algo, el titular tiene la posibilidad de exigirle al Estado que la cumpla a esa ley».

 

Consultado sobre el camino que seguirán los dueños de las tierras, respondió que «no hay alternativa» y remarcó que el objetivo es que el Estado concrete el pago correspondiente por los terrenos alcanzados por la declaración de utilidad pública.

 

Por último, recordó que la legislación vigente tiene un plazo de dos años antes de perder vigencia y cuestionó nuevamente la actuación estatal al señalar que «ya con el gobierno de Bordet cayeron dos leyes anteriores». Mientras tanto, continúa sin resolverse de manera definitiva la situación de las aproximadamente 18 hectáreas ocupadas en Pampa Soler y el mecanismo que permita regularizar la situación dominial de las familias asentadas en el lugar.